Si bien la Constitución Política no se hace mención expresa al denominado derecho del Habeas Data, de la lectura del artículo 15 se logra extraer su significado, contenido y alcance.
De ahí que el Habeas Data sea concebido como el derecho que tiene toda persona (natural o jurídica), para conocer, autorizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
Con la expedición de la Ley 1266 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010, se reguló en Colombia el Habeas Data relacionado con la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, es decir, aquella información referida al nacimiento, ejecución y extinción de las obligaciones dinerarias, independientemente del contrato que les dé origen.
El Habeas Data es un derecho fundamental y autónomo que, al mismo tiempo, se constituye en un mecanismo de defensa de otros derechos, tales como:
Dentro de los diferentes modos de extinguir las obligaciones, establecidos en el artículo 1625 del Código Civil, encontramos las siguientes:
La información positiva permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de la información.
La información negativa tendrá el siguiente término de permanencia:
El Habeas Data protege toda la información de las personas con el propósito de garantizar que la misma obedezca a la realidad y que, en el evento de ser necesario, se cuente con la autorización previa y expresa del titular de los datos para su adecuado almacenamiento, consulta y publicación.
De acuerdo con la Ley 1266 de 2008, los datos personales pueden ser: públicos, semiprivados o privados, siendo del caso resaltar que la información financiera y crediticia de las personas se encuentra dentro de la categoría de los semiprivados.
El incumplimiento de las obligaciones legales, conlleva la imposición de sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Superintendencia Financiera, entre las cuales se consagran multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción.
Adicionalmente, resulta de interés recordar que el Capítulo I, de la Ley 1273 de 2009, relacionado con los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos, establece condenas entre tres y diez años de prisión, cuando se incurra en los señalados en dicha norma.
En términos generales, la importancia de que un dato sea catalogado como semiprivado radica en que su conocimiento o divulgación no sólo le interesa al titular de la información sino, adicionalmente, a un determinado sector o grupo de personas o de la sociedad en general, tal como sucede, precisamente, con la información financiera o crediticia de las personas, la cual recobra un especial interés para los sectores financiero y real.
De acuerdo con la Ley 1266 de 2008, existe una serie de principios que inspiran la administración del Habeas Data, entre los cuales se encuentran:
Si el tema es de su interés, le sugerimos la lectura de la Ley 1266 de 2008, los Decretos 1727 de 2009 y 2952 de 2010, la Ley 1273 de 2009, mediante la cual se modifica el Código Penal, creando un nuevo bien jurídico tutelado denominado «de la protección de la información y de los datos», así como la Circular Reglamentaria Interna DGE 10.01-2009 DEL 30 DE JUNIO DE 2009.
